Esta medida mantiene enfoques problemáticos tanto para las personas acusadas bajo la Ley 54 como para la operación de los programas de desvío. Se pudiera dar el caso de que una persona tenga pleno reconocimiento de su conducta, pero desee ampararse en los derechos constitucionales que le cobijan, y que el mismo proyecto de ley reconoce, por lo que resulta fácil prever que el resultado de esta enmienda sería que las alegaciones de culpabilidad aumenten aún sin reconocimiento de responsabilidad, solo para obtener un desenlace más favorable. Se vería amenazado el derecho a la presunción de inocencia. Por otro lado, aunque la medida brinda voz a las sobrevivientes en los procedimientos que les afectan y las revictimizar con respecto a los programas de desvío es prioritario que la asamblea legislativa realice un análisis con participación ciudadana, más profundo y fiscalizador de la eficiencia de los Programas de Reeducación y su funcionamiento hasta el momento.