La medida busca establecer una política pública clara y expresa en términos de derechos reproductivos. Reconociendo los mismos como interdependientes e inseparables de otros derechos humanos. Particularmente reafirma que la terminación de un embarazo es un servicio de salud esencial que forma parte del derecho humano a la salud. Su impacto va dirigido a reducir las restricciones a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y de las personas gestantes por parte de toda agencia u organismo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.