Esta medida busca ampliar la participación y fiscalización ciudadana de comunidades, grupos y/o personas en los procesos de protección ambiental. Con frecuencia, el Estado desestima querellas o reclamos ambientales porque considera a quienes los denuncian como partes que no ostentan el derecho a querellarse. Medidas como esta responden a las luchas ambientales que se han intensificado en Puerto Rico en los pasados años. Los crímenes ambientales, las amenazas de desplazamiento, las construcciones realizadas sin permisos y endosos; otras realizadas de formas fraudulentas y un sin número de violaciones a las mejores prácticas de conservación han aumentado la impunidad gubernamental.