Esta legislación reconoce el asesinato de mujeres y mujeres trans como asesinatos cometidos por razones de género. Tiene alcance interagencial y prevé la creación de protocolos para investigar las muertes violentas de mujeres y el establecimiento de un sistema para la recopilación de estadísticas. Posiciona a Puerto Rico junto a otros países latinoamericanos que realizan monitoreo con respecto a la violencia hacia las mujeres y realizan análisis de dichas muertes para impulsar estrategias de prevención e intervención más efectivas.