La necesidad de esta legislación surge del retraso de más de una década en el análisis de los kits de recolección de evidencia forense a los que accede una víctima de agresión sexual al ser evaluada en una sala de emergencia (safe kits). El reclamo por una serie de medidas correctivas ante esta y otras negligencias con respecto a la violencia hacia las mujeres fue parte de la agenda feminista que desembocó en la declaratoria de Estado de emergencia por violencia de género en el 2020. Aunque requiere la asignación de un presupuesto recurrente y otras enmiendas,la implementación de un sistema de monitoreo público e interagencial es necesario para fortalecer la diligencia y transparencia de los procesos que afectan a las sobrevivientes de agresión sexual.