La medida favorecería proyectos que pueden tener un impacto negativo en la planificación territorial y el medio ambiente. No tan solo se fija un término de 30 días laborales para la evaluación y aprobación de propuestas radicadas, sino que ante la falta de respuesta se aprueba automáticamente. Estos mecanismos socavan la participación ciudadana y debilitan los ya frágiles procesos de evaluación de impacto a mediano y largo plazo. Esta medida corresponde al “paquete” de 13 piezas legislativas radicadas en la Cámara de Representantes que enmiendan la Ley 161 -2009, mejor conocida como “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”