La medida parte de la premisa no sustentada de que en Puerto Rico se dan “prácticas ilegales de la medicina, específicamente en el área de la gineco-partería” en menoscabo del bienestar de las mujeres y personas embarazadas. En ese sentido, su enfoque debería cambiar para escuchar a las expertas en salud perinatal y las personas gestantes, prioritariamente aquellas que abogan por la incorporación de parteras y doulas en los servicios de salud de forma integral. Esto facilita la protección de los derechos de las personas gestantes en momentos de vulnerabilidad y opciones ante el cierre de salas de parto, escasez de proveedores y cobertura médica