El proyecto expandirá la contratación de personas encarceladas para la realización de labores agrícolas, manufactureras, entre otras dentro del sector privado y sin fines de lucro. En el presente, la población correccional solo puede ser contratada por el Gobierno de Puerto Rico, instrumentalidades y municipios. La medida aumentaría las oportunidades de esta población para insertarse dentro del campo laboral y en sí abonar en su proceso de rehabilitación. Sin embargo, la medida no deroga la deducción del 20% del salario del trabajador para cubrir los gastos administrativos y de seguridad en que se incurran. Al contemplar que a esta población se le compensa por debajo del salario mínimo, este le debe ser abonado en su totalidad para su supervivencia, evitar la explotación y hacer del proceso de reinserción social un más justo.