Según la exposición de motivos, hay 332 residenciales públicos que albergan a 250,000 residentes en Puerto Rico. A pesar de la organización comunitaria en estos residenciales, existen pocos mecanismos para promover la administración y la toma de decisiones sobre sus viviendas. Aunque el proyecto busca crear un programa de capacitación para les habitantes, es el Administrador de la Administración de Vivienda Pública quien tiene la facultad de establecer las normas, procedimientos y condiciones para promover la gestión, sin la obligación de colaborar directamente con las comunidades que pretende impactar en el proceso.