La medida pretende criminalizar el aborto y concederle personalidad jurídica al no nacido. Esta enmienda es contraria a la protección del derecho a la intimidad de las mujeres y personas gestantes en Puerto Rico. En los países donde el aborto es penalizado, aumentan los riesgos de salud para las personas embarazadas, las prácticas insalubres en los procedimientos y la mortalidad de la persona gestante. Este tipo de medida es un retroceso para la equidad de género y va en detrimento del acceso a la salud y calidad de vida de las mujeres.