La medida pretende derogar la ley 62-2017 señalando el incumplimiento de la misma por parte del Departamento de educación y la oficina de la procuraduría de las mujeres. Sin embargo, dicha ley responde a la necesidad de incorporar proyectos dirigidos a la equidad de género y prevención de violencias en escenarios escolares. Por décadas, las organizaciones feministas, profesionales y educativas han reclamado este tipo de proyectos como respuestas urgentes para atender la violencia en nuestro país. En vez de buscar su derogación, debería ser una prioridad de la asamblea legislativa fiscalizar su implementación y la asignación de recursos para lograr su ejecución.