Esta legislación supone una trabas para una población que está en posición de vulnerabilidad, por asuntos como edad, ausencia de educación sexual, temor a represalias, estigma, transporte y acceso a servicios. La legislación promueve el consentimiento parental para acceder a un aborto. Dado el alto nivel de estigma social alrededor de la práctica de terminación de embarazo, este tipo de proyecto promueve la maternidad forzada para las niñas y jóvenes. Las leyes que involucran a los padres o madres aplican solamente a menores que desean abortar pero no a las menores que desean continuar con el embarazo muchas veces obligando a estas a llevar a término una gestación no deseada e incluso cuando el embarazo es producto de una agresión sexual. Por otro lado, la criminalización del aborto tiende a que las jóvenes recurran a prácticas que las pueden poner en mayor riesgo. Este proyecto es muy parecido al presentado en el cuatrienio pasado ( P del S 495).